En las últimas semanas, dos decisiones judiciales marcaron un punto de inflexión en las causas en que se investiga a las máximas autoridades del fútbol argentino: Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, su tesorero. Las investigaciones parecen avanzar, y cada intento por desviarlas o frenarlas encuentra una respuesta en algunos tribunales.

Días atrás la Cámara en lo Penal Económico rechazó sin atenuantes el recurso de casación presentado por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, señalados como testaferros de Toviggino, para mantener la causa por la mansión valuada en 17 millones de dólares en el juzgado amigo de Zárate-Campana.

Poco después se confirmó el procesamiento de Tapia y Toviggino por retención indebida y evasión de más de 19.300 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes. La Justicia rechazó sus defensas y ordenó profundizar las pesquisas, intentando cerrar el paso a maniobras que durante meses demoraban el proceso.

Durante años, la AFA operó bajo una suerte de lógica de excepcionalidad soberana un microestado donde las leyes de la República parecían meras sugerencias opcionales. El reciente revés judicial sufrido por la cúpula dirigencial del fútbol local pareciera marcar un punto de inflexión contra el blindaje procesal sobre Tapia y Toviggino.

Queda ahora que el cuestionado juez federal de Campana, Adrián González Charvay, remita el expediente sin más demoras y que la investigación avance hasta llegar a la verdad completa. El fútbol argentino no merece zonas oscuras sobre sus cuentas o sobre el destino de sus recursos.

La marcada reticencia del citado magistrado a remitir la causa a la jueza Verónica Straccia no es un detalle técnico menor; es otra señal obscena de alerta sobre cómo se manipulan los tiempos de la Justicia para evitar o dilatar medidas de fondo.

La reciente resolución de los jueces Gustavo Hornos y Carolina Robiglio, al desestimar el recurso y ratificar la competencia del fuero penal económico, es un paso necesario hacia la normalización institucional. Sin embargo, la celeridad que el caso exige, y que la propia Cámara de Casación reclamó, sigue estando en deuda.

Ya no basta con fallos que, aunque correctos, llegan tarde. La sociedad está harta de ver cómo los mecanismos de control son burlados mientras los protagonistas de este sucio entramado siguen operando con total impunidad.

El fútbol es pasión, pero también debe ser respetuoso con las leyes y las instituciones, con el patrimonio y el dinero público y privado. Cuando las acciones financieras se tornan contrarias a la ley, la confianza se resquebraja.

Las causas judiciales vigentes no representan ninguna persecución. Por el contrario, son parte del control que toda sociedad democrática debe garantizar para que el deporte insignia no se convierta en un permanente y turbio refugio de irregularidades, estafas y mafiosos.